Hoy, en medio de una pandemia por Covid-19 de alcance mundial, ya no podemos eludir la importancia del cambio climático y la ética empresarial.
Y ya sea por razones de negocio o por voluntad propia, todos debemos alinearnos en torno a acciones que vayan más allá de la rentabilidad económica de una empresa.
El camino fue gradual, ya hace una década los desarrolladores de parques industriales comenzaron a llevar a cabo acciones a favor de la sustentabilidad; interpretada en principio en relación con el medio ambiente.
Varios incorporaron construcción de edificios ahorradores de energía (LEED), más metros cuadrados de áreas verdes, plantas de tratamiento de agua para las áreas comunes y uso de celdas solares, entre otros aspectos.
Más adelante, dado que la sustentabilidad abarcaba también el ámbito social, los desarrolladores emprendieron tareas a favor de la comunidad en la que se encuentran: sembrando árboles, dando becas a estudiantes desfavorecidos o construyendo escuelas rurales, todas bajo un enfoque filantrópico.
Pero a raíz de la “Cumbre de la Tierra” en 1992 el mercado reaccionó acorde, demandando “espacios industriales sustentables”.
Las grandes empresas inmobiliarias se fueron adaptando a estas nuevas tendencias, pero más por un tema de negocio que por el conocimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos en 2012, en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Río de Janeiro.
Aunque eltérmino ESG (medio ambiente, ámbito social y gobierno corporativo) surge desde 2004 como una propuesta del Secretario General de la ONU, para crear empresas responsables.
No es hasta los últimos años que el mercado ha puesto énfasis en evaluar a las empresas a partir de criterios que van más allá de los estados financieros, dando énfasis al impacto social de una inversión en una empresa.
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De acuerdo con un estudio reciente de S&P Global Market Intelligence, 26 fondos de rentabilidad baja en 2019, operando bajo criterios ESG duplicaron el valor de sus portafolios en 2020, en plena epidemia global.
Este tipo de empresas demostraron ser menos vulnerables a la crisis económica al resistir las correcciones del mercado gracias a una visión balanceada entre rentabilidad, impacto social y medioambiental.
Por ejemplo, en la adquisición de activos los inversionistas consideran aspectos como el riesgo climático de las propiedades, estándares de seguridad, estrategias de resiliencia, sistemas de última generación para la gestión de carteras o seguros adecuados, entre otros aspectos.
Hoy el mercado cuenta con instrumentos como los “bonos verdes”, creados en 2014 por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA), los cuales facilitan la emisión de deuda para proyectos que demuestren un impacto positivo al medio ambiente.
Acciones como la disminución de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), la deforestación y el efecto en la biósfera, así como la gestión eficiente del agua y el uso de energía limpia y renovable son parte de estas iniciativas de los bonos verdes.
El ámbito social evalúa la manera en que la empresa se relaciona y opera con los empleados y trabajadores, la comunidad vecina y su entorno político, además de considerar la visión a futuro respecto al impacto positivo hacia el mercado y los consumidores.
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La inseguridad en el país, la violencia, los feminicidios y la pobreza son también temas que ahora se discuten en los Consejos de las empresas, al ser fenómenos que impactan la integridad del personal.
Asimismo, la salud mental se ha convertido en un tema candente en estos tiempos de pandemia.
Los riesgos psicológicos y de estrés por la necesidad de confinamiento, están afectando la vida laboral y familiar de las personas.
De ahí la importancia de la reciente Norma Mexicana 035 STPS, la cual obliga a las empresas a detectar y prevenir los riesgos psicosociales que puedan surgir en las actividades diarias dentro de la empresa.
Respecto a los criterios de gobernanza, los ESG toman en cuenta la estructura de gobierno, las políticas de retribución de los ejecutivos, la relación con los inversionistas, las prácticas anticorrupción, ética empresarial y transparencia, así como las prácticas de cabildeo e influencia política de la empresa.
En particular, las empresas listadas en bolsas de valores deben informar sobre el funcionamiento de la junta directiva y las políticas de selección de sus miembros en términos de diversidad, equidad e inclusión.
Es un acierto que el mercado promueva que más empresas apliquen los criterios ESG por el interés de incrementar el valor de sus activos.
Sin embargo, es necesario que también los directivos lo hagan por una plena consciencia de contribuir en el cumplimiento de los ODS y la mitigación del cambio climático, pensando en las futuras generaciones y no únicamente por razones monetarias y de mercado.
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