La semana pasada los órganos de gobierno del Infonavit aprobaron un ajuste a su regulación que establece que el Instituto únicamente financiará viviendas que tengan escuelas, centros de salud, vías primarias y transporte público a no más de 2.5 kilómetros de distancia.

Esa sería la distancia máxima que alguien debería recorrer  para llegar de su casa a una escuela, un centro de salud, una vialidad primaria o el punto que les permita abordar el transporte público.

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Esta propuesta deja atrás el modelo de Polígonos de Contención Urbana, que siempre generó enormes dudas y vacíos, en la medida en que no estaban debidamente alineados con los instrumentos municipales de planeación urbana.

Por supuesto, habrá que esperar que el cambio de modelo contemple la transición que permita que el sector vivienda y los gobiernos locales hagan los ajustes necesarios en su operación.

El ajuste realizado por Infonavit, consiste en una serie de reglas de carácter general en materias urbanas y de movilidad, aplicables para toda vivienda comprada con el respaldo de un crédito del Instituto.

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Este ajuste normativo reconoce el vínculo con todo tipo de infraestructuras y servicios urbanos, incluida en forma destacada la movilidad, como factores determinantes de una eficiente Política de Vivienda.

Esta importante medida debe interpretarse como parte del proceso de modelar una Política de Vivienda que compagine su impacto social, con aquellos que tienen que ver con las agendas económica, ambiental y urbana.

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