Los precios de la vivienda podrían cerrar el año con un incremento entre el 8 y 10% debido, principalmente al alza en los costos de los insumos como acero y cemento. Para que este incremento tenga menor impacto en el consumidor, el fenómeno se debe analizar como multifactorial.
En estas opiniones coincidieron los especialistas en panel organizado por En Concreto, entre ellos: Erick Olvera, vicepresidente del Consejo Consultivo del Grupo Vivó; Marco Salazar, director de Administración y Finanzas de Inmobiliaria Vidusa y Otto Schmal, director de Vivienda Vertical y Relaciones Institucionales de Ruba.
El panel destacó la importancia de conformar alianzas entre toda la cadena de valor en donde es fundamental la participación de los tres niveles de gobierno y desarrolladores.
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Los expertos estuvieron de acuerdo en que el sector de la construcción se ha encarecido 20%, a partir del inicio de la pandemia en 2020, por lo que subrayan la necesidad de actuar para no abandonar al segmento de la vivienda social con estrategias que tengan que ver desde que los trabajadores de menos ingresos sigan siendo sujetos de crédito y amortiguar los costos para reducir el impacto en los precios.
Un factor que afecta es la tramitología, por lo que coincidieron en mejorar los procesos desde los municipios, estados y hasta la federación, ante un panorama en el que cada vez se reduce más el número en el Registro Único de Vivienda (RUV).
Otto Schmal confió en que se respeten los convenios que tiene su empresa desde inicio de año para que los costos no impacten en el consumidor final y que más bien se puedan modificar a etapas iniciadas de producción, puesto que con ello se pueden equilibrar las cosas, impactando menos al segmento de interés social y sacrificando utilidad.
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Erick Olvera dijo que en virtud de que no ha sido atendida al 100% la demanda de vivienda para el sector de más bajos recursos, la invasión de terrenos ha crecido de forma exorbitada en el país hasta 300% en los últimos dos o tres años.
Comentó que han hecho estudios del costo que esto tiene para estados y municipios y es de entre 250 y 300 mil pesos, por lo que ante el hecho de que no es fácil atender con servicios, la calidad de vida es muy mala.
Marco Salazar, coincidió con los otros dos panelistas sobre los efectos del incremento en los costos de los comodities, pero también a que la regulación es muy complicada en los tres niveles de gobierno, así como a la reforma a la Ley del Trabajo que impactó más en el tema administrativo.
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