Debido a la reconfiguración económica internacional generada por la pandemia de la Covid-19, habrá un auge económico en la industria maquiladora en la frontera con Estados Unidos, y Ciudad Juárez estará preparada para sacarle el mayor provecho, afirmó Cruz Pérez Cuellar.

El presidente municipal electo de esa localidad fronteriza de Chihuahua comentó que lo que se buscará es que las maquiladoras que pretendan instalarse en la frontera lo hagan en Ciudad Juárez y no se vayan a otros estados.

Por ello, mencionó que desde antes de tomar posesión del cargo ha abierto un diálogo con el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), que representa a los grandes exportadores multinacionales que manufacturan de México al mundo, con el fin de que ese municipio redoble su atractivo ante el sector.

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En entrevista realizada durante su visita a la redacción de El Economista, expuso que trabaja ya en la integración de paquetes de incentivos para la inversión con el objetivo de que Ciudad Juárez recobre competitividad en el plano nacional e internacional.

El también senador con licencia de Morena explicó que, en los últimos 10 años ese municipio había venido perdiendo competitividad en la atracción y retención de inversiones de la industria maquiladora, frente a otras regiones del país, particularmente la del Bajío.

Recordó que esa industria sostiene a la economía de esa ciudad, ya que  genera más de 60% del empleo formal.

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El presidente municipal electo comentó que se reunió ya con el director de Distribución de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Guillermo Nevárez Elizondo, con el fin de solucionar, cuanto antes, el problema de distribución de energía eléctrica que padece la ciudad y que afecta también a zonas industriales.

Explicó que lo importante es que no se trata de un problema de generación de energía, sino de distribución. Lo que se hará será mejorar el sistema de suministro, cambiando transformadores y los equipos que sean necesarios.

En este caso, informó, el objetivo es que en un plazo no mayor a seis meses quede resuelto el problema, lo cual además de cumplir con una exigencia de la población, permitirá ofrecer mejores condiciones a la inversión.

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