Baja California no cubre demanda de vivienda de bajo costo
Inmobiliare | Febrero 28, 2022 |

De acuerdo con Fernando Zamora Rubio, ex presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de Tijuana (AMPI), Baja California no cuenta con las viviendas de interés necesarias para cubrir la demanda.

El experto refirió que la entidad necesita más inmuebles a los que puedan acceder los trabajadores que perciben un salario menor a 12 mil pesos al mes. Asimismo, puntualizó que esta situación empeora para los ciudadanos que ganan menos de 8 mil pesos mensuales.

“El valor promedio de una vivienda económica es 445 mil pesos. El 63% de los trabajadores ganan menos de 11 mil pesos, por lo que es complicado que accedan a una vivienda”.

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A esta problemática, el ex titular añadió que durante 2021, se registró un incremento del 10.5% en los precios de vivienda en Baja California, derivado por el aumento en los costos de las nuevas viviendas, según datos del Índice de precios de la Sociedad Hipotecaria Federal.

Para Zamora Rubio, es necesario construir 27 mil viviendas que puedan ayudar a los trabajadores formales que no tienen un patrimonio propio.

“El problema se duplica cuando se suma la economía no formal, que son personas que no están activos en el seguro social o Infonavit”.

Por otro lado, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) Tijuana, José Alejandro Jiménez López, señaló la importancia de replantear los modelos de vivienda actuales.

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“Baja California ya no puede crecer de manera horizontal como hace diez años, pues es un modelo fallido. Tenemos que crecer de manera vertical”.

El presidente invitó a los desarrolladores a redensificar Tijuana, siguiendo el ejemplo de otras ciudades como Querétaro, Monterrey o Guadalajara.

Un aspecto que mejoraría, apuntó, sería la distribución de servicios como agua, drenaje, seguridad o incluso la recolección de basura.

Sin embargo, añadió que esto debe hacerse acompañado de una buena planeación. Sugirió que para lograrlo, los recursos que se pagan de derechos se inviertan en la infraestructura urbana.

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